DEBATE SOCIAL/ DERECHO LABORAL EN LAS CARCELES

            Mis estimados lectores en la presente columna abordaremos una problemática social que se ha ido incrementado, con base en acontecimientos que llegaron a la opinión pública. El día miércoles 11 del presente, leyendo el diario La Razón de Chivilcoy como lo hago todas las mañanas, me encuentro con una noticia de índole Nacional, que reflota un viejo dilema.

El sistema carcelario, contra la legislación laboral vigente. El trabajo en las cárceles y los derechos laborales de los presos vuelven a estar en tema de debate. Cabe recordarle al lector, que a fines de año pasado, la polémica se desató cuando la Cámara Federal de Casación Penal había hecho lugar a un hábeas corpus colectivo, disponiendo en dicha jurisprudencia, la aplicación del régimen laboral para los convictos con idénticos derechos que los de una persona libre.

Antes de que se realice cualquier juicio de valor, es imperioso otorgarles datos importantes para comprender el debate. En la actualidad son aproximadamente 22.000 presos en cárceles argentinas que realizan tareas, porcentualmente casi el 37% del total de presos en nuestro país trabajan. Por otro lado, la Ley 24.660 (de Ejecución de la pena privativa de la libertad) establece que las personas detenidas en las cárceles argentinas tienen derecho al trabajo remunerado. La normativa determina que el trabajo "no se impondrá como castigo, no será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado, propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales y procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre y deberá ser remunerado". Fundamentos que comparto de sobremanera. El caso puntual citado precedentemente, se dio debido a un preso Renzo Germán Ranieri, para ser más específico, quien fue condenado a prisión perpetua en septiembre de 2004. En la presente situación el Sr. Ranieri se encontraba prestando labores para la cárcel de Devoto, cobraba seis mil pesos por su labor, una vez trasladado a Ezeiza es que supuestamente alteraron sus condiciones de trabajo, cambiando el horario tanto de ingreso como de egreso de su actividad, por lo que lo consideró una injuria laboral (lo cual comparto) y se consideró despedido reclamando como cuantía la módica suma $60.000 pesos.

Es dable destacar, que sino se aprueba un reglamento de trabajo específico para la cárcel, entonces se aplica subsidiariamente la Ley de Contrato de Trabajo. Se dijo que la procuración se pondría a trabajar al efecto, pero aún no hay noticias. Estos leading case, que sostienen la aplicación taxativa de la LCT, conllevan a que los presos se aggiornarian y pedirían todos los componente de la LCT, incluyendo diferencias salariales, vacaciones y demás ítems.

Naturalemte la presente medida tal cual como se aplica, resulta incompatible con la normativa laboral para las cárceles, que al día de la fecha, no es más que otra laguna jurídica.

Entendamos que el traslado de un preso, es muy resistido, imaginemos un preso que se encuentra en provincia de Buenos Aires con trabajo y es trasladado al Chaco, se encuentra en una nueva cárcel, posiblemente ésta vez sin un trabajo por ese traslado o sus condiciones de trabajo si es que tiene trabajo, no son adecuadas a las que anteriormente tenía (ello conlleva a la aplicación de un instituto laboral denominado “ius variandi”, ejerciendo quien otorga un puesto de trabajo, modificaciones ESCENCIALES en el contrato de trabajo que causen daño moral o material en el trabajador).

Aunque sea motivo de discordia social el presente tema, es mi humilde criterio, sostener que si la persona libre pretende que el preso al reinsertarse en la sociedad, tenga valores similares a los suyos, me parece propicio, fomentar a su educación en la propia cárcel, la cual suele alojarlos demasiado tiempo. Ello siempre en miras a garantizar el principio contemplado en nuestra carta marga, el principio constitucional de igualdad consagrado en el artículo 16, que garantiza la igualdad formal-jurídica de todos sus ciudadanos por cuanto dice: "Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.", con más la igualdad de trato fundada en el Artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin discriminación por motivos de sexo, raza, religión (todo ello con fundamento en el Art. 14bis CN)

Por último a modo reflexivo creo tenazmente en PERDONAR y DAR OTRA OPORTUNIDAD, mi utópico anhelo es, que algún día se puedan realizar microemprendimientos en las cárceles que sean rentables para las personas cuando están detenidas y a su vez les permita trabajar de ello cuando salen. Es la mejor manera de reinsertar a un individuo que tuvo que pasar por el infierno que es una cárcel. Les dejo la reflexión de: querer personas con valores y cultura del trabajo al finalizar una condena o a personas resentidas con el sistema y su control punitivo. Hasta la próxima…

Dr. Langone Emmanuel